Ciudad de México.- El proceso electoral de 2012 fue “más sucio” que los comicios federales de 2006, asegura John Ackerman, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En entrevista para Starmedia , el colaborador de la revista Proceso y el diario La Jornada recuerda que en 2006 hubo una campaña calumniosa e ilegal que contó con la intervención del Ejecutivo federal, para cerrarle el paso al aspirante presidencial de la izquierda Andrés Manuel López Obrador.
Y en los comicios de 2012 hubo una probable manipulación de las encuestas para favorecer al aspirante presidencial Enrique Peña Nieto; rebase de tope de gastos de campaña por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como compra y coacción del voto, refiere el doctor en Sociología Política por la Universidad de California, Santa Cruz.
Presunta manipulación de encuestas electorales
Una de las irregularidades más preocupantes, advierte el investigador, se percibe en las encuestas que durante semanas construyeron la idea de que Peña Nieto tenía una ventaja de entre 15 y 20 puntos sobre sus adversarios, lo cual contrasta con el resultado final, de entre seis y siete por ciento.
Según el profesor universitario, la intención de las encuestas pudo haber sido generar desánimo entre los seguidores de López Obrador y desalentar así la participación ciudadana. “Esto es una especie de fraude, un engaño a la opinión pública”.
Las casas encuestadoras están obligadas a rendir cuentas; mientras que el Instituto Federal Electoral (IFE) tendrá que hacer un análisis puntual para descubrir si el propósito de estas empresas de opinión pública era realizar un ejercicio científico o apuntalar una campaña presidencial, sugiere el investigador de tiempo completo de la UNAM.
Se rebasaron los topes de gastos de campaña
Foto: Starmedia
De acuerdo con el doctor Ackerman, otro aspecto “turbio” de la elección de 2012 es el “grosero” rebase de topes de gastos de campaña del PRI, pues desde las primeras semanas de la cruzada presidencial se evidenció la gran cantidad de espectaculares y el despliegue de regalos, tales como el reparto de litros de gasolina en Semana Santa.
“La idea de que Enrique Peña Nieto se limitó a los 336 millones de pesos de topes de gastos de campaña es francamente risible, solamente el más ingenuo podría creer eso”, considera el experto.
“Se dice que podría haber sido el operativo de compra y coacción del voto más grande de toda la historia de México”, comenta el especialista.
Opina que tan sólo las tarjetas de la tienda de autoservicio Soriana o de Grupo Financiero Monex implican un rebase a los gastos de campaña y el IFE debe hacer su papel de fiscalizar, para informar a la ciudadanía sobre este caso con oportunidad, y no hasta enero de 2013, como lo anunció de forma irresponsable el órgano comicial.
Piensa que es incorrecta la descalificación de Peña Nieto hacia los reportes de compra de voto, así como la insinuación de que los alborotos en las tiendas Soriana podrían ser autoría de sus adversarios políticos.
El ex gobernador del Estado de México debería ser el primero en pedir una aclaración puntual sobre estas prácticas ilegales. Si desde antes de asumir la Presidencia tolera actos delictuosos, “¿qué podría ser un gobierno después?”, pregunta el investigador.
Calderón parece “rebosante” con el resultado electoral
John Ackerman además critica la actitud de Peña Nieto luego de darse a conocer los datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). De acuerdo con el académico, el priista incurrió en un acto grave al asumirse como presidente electo de la República, toda vez que los comicios federales todavía no han sido calificados.
“El Tribunal Electoral es la única institución facultada para nombrar presidente electo del país. Un candidato presidencial no puede declararse por sí solo presidente”.
Pero para el catedrático de la UNAM también es cuestionable la actitud del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, quien la noche de la elección del 1 de julio parecía más feliz que cualquiera de los cuatro aspirantes presidenciales.
“Estaba más rebosante que Peña Nieto. Desde luego, más que Vázquez Mota, López Obrador o (Gabriel) Quadri. Pareciera que el que hubiera ganado no era Peña Nieto, sino Felipe Calderón. Esto da mucho lugar a la especulación. Desde hace meses se ha dicho que el candidato verdadero de Calderón podría haber sido Peña Nieto y no Vázquez Mota”.
Argumenta que el posible apoyo de Calderón a Peña Nieto no sería extraño, pues de acuerdo con el especialista, en 2006, el panista pactó con el priismo para detener a López Obrador y así ganar la contienda de 2006.
AMLO tiene derecho a impugnar; es una exageración descalificarlo
Ante las irregularidades latentes en el proceso comicial 2012, el candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, anunció que impugnará la elección, lo cual, según Ackerman, es válido. “Cualquier recurso jurídico tiene que ser tomado en cuenta en serio por las instancias correspondientes”.
El proceso electoral no ha terminado y es una exageración descalificar de facto a López Obrador. “Está recurriendo a los recursos jurídicos que tenemos derecho todos los mexicanos. ¿Para qué existen las instituciones y los recursos jurídicos? Para eso existe el Estado de Derecho, para que la gente pueda litigar sus casos”, expone el docente del IIJ.
En cuanto a las declaraciones del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Alejandro Luna Ramos, respecto a que es imposible invalidar la elección, el especialista remarca que es falso: “toda elección es anulable”.
Si se demuestran violaciones graves a principios constitucionales, es posible invalidar la elección, pero esto depende de las pruebas presentadas por la izquierda y del espíritu democrático de los magistrados del tribunal, explica.
John Ackerman admite que son necesarias las reformas en materia electoral “pero el problema es la voluntad de las instituciones electorales para defender el derecho y llegar al fondo”.
Por salud democrática se debe limpiar el proceso
Para el autor del libro Autenticidad y nulidad. Por un derecho electoral al servicio se la democracia , el hecho de que la compra y coacción del sufragio sea una práctica añeja ejecutada por todos los partidos políticos no exime a las autoridades de llegar a fondo en el problema, pues está documentado por la organización no gubernamental Alianza Cívica que más de 25 por ciento de los ciudadanos tuvo alguna violación a su secrecía del voto.
Ackerman indica que la etapa de calificación de la elección dura dos meses, por lo cual, los órganos electorales tienen la responsabilidad de tomar en cuenta el rebase de topes de gastos de campaña para considerar la validez o no de los comicios.
El catedrático de la UNAM admite que es difícil anular o revertir la distancia de entre seis y siete puntos del primero y el segundo lugar en la elección presidencial, lo cual no significa que las instituciones electorales no deban actuar de manera enérgica para limpiar y depurar el proceso comicial de 2012.
Si las autoridades electorales no sancionan, se dejaría un legado de impunidad para el futuro, lo cual, “es muy malo para la salud democrática”, advierte.
En tanto que los ciudadanos, subraya el columnista, tienen la tarea de exigir a las autoridades electorales que tutelen el interés público, pues en ocasiones se preocupan más por cuidar las espaldas de los partidos políticos.
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